Con la sombra de un proyecto de ley que avanza en el Congreso, residentes del Sistema de Salud de Salta se alzan en protesta. La iniciativa, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se prepara para su discusión en el Senado, plantea sancionar a aquellos que renuncien a sus programas de residencia antes de completarlos en el interior provincial. El proyecto establece que los médicos residentes deberán devolver el 100% de lo percibido durante su estancia en el sistema de salud pública provincial, además de enfrentar posibles acusaciones de «falta de ética», lo que podría derivar en sanciones profesionales.
El martes por la mañana, decenas de residentes se congregaron en las puertas del Hospital San Bernardo para manifestarse contra la llamada Ley de Residencias Médicas. Entre ellos, Jimena Porcel, licenciada en Trabajo Social en el área de Salud Mental, expresó su rechazo a la normativa: “Nos quitan nuestros derechos y garantías. La mayoría de los profesionales somos residentes, y queremos seguir creciendo como parte de la salud pública”, declaró.
La preocupación de los residentes no se limita a las sanciones económicas. Según Porcel, otro de los puntos clave del proyecto es el salario, que se manejaría directamente desde el Ministerio de Salud y cuya variabilidad podría generar aún más desigualdades. “Si bien cumplimos con una carga horaria considerable y asumimos la responsabilidad de sostener el sistema de salud, los sueldos siguen siendo bajos, especialmente cuando se compara con el nivel de profesionalismo que se requiere”, señaló.
Porcel también subrayó la situación de los profesionales destinados a las localidades del interior. Aunque la ley plantea que los residentes realicen un año de “devolución” en esas regiones, las condiciones económicas son un obstáculo. “Debemos enfrentar un sueldo bajo mientras buscamos alquiler, comida y formación, sin contar con un acompañamiento adecuado”, explicó.
El proyecto, que busca regular las prácticas de residencia médica en Salta, ha encendido un debate sobre la ética laboral, las condiciones salariales y la equidad dentro del sistema de salud pública. Los residentes, lejos de acallar sus voces, insisten en que se necesita una revisión profunda de la ley para que puedan continuar su formación profesional en condiciones más justas.
