El caso de Gabriela Fernández, una mujer transgénero acusada de abuso sexual en una cárcel de mujeres, ha desatado un intenso debate sobre los derechos de las personas trans en el sistema penitenciario argentino. Fernández, anteriormente conocida como Gabriel, fue detenida por una serie de delitos, incluidos abusos contra sus parejas. En 2018, tras cambiar su identidad de género, fue trasladada al pabellón de mujeres en el Establecimiento Penitenciario 3 de Córdoba, donde, según denuncias, habría abusado sexualmente de una interna, quien quedó embarazada.
El tribunal de Córdoba ordenó su traslado a una unidad especial, separada de la población masculina y femenina, para proteger tanto a Fernández como a las demás internas. En su fallo, los jueces subrayaron que, aunque se debe respetar su identidad de género, el sistema penitenciario aún no cuenta con instalaciones adecuadas para casos como el suyo, lo que pone en riesgo la seguridad de las otras reclusas.
Este caso recuerda a incidentes similares en el Reino Unido, donde también se abrieron unidades especiales para reclusos transgénero tras casos de agresiones sexuales en prisión. Los jueces de Córdoba han destacado la necesidad de un equilibrio entre los derechos de las personas trans y la protección de la seguridad en los establecimientos penitenciarios, mientras avanzan las investigaciones sobre las acusaciones contra Fernández.
