La empresa Puna Stone se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusada de operar sin los permisos necesarios en la Quebrada de la Quesera, una zona considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2014 debido a su importancia cultural e histórica, especialmente por su cercanía al Qapaq Ñan. Funcionarios de la Secretaría de Minería y Recursos Hídricos de Salta han ordenado la suspensión de las actividades de la minera hasta que presente la documentación requerida para la exploración mineral.
Aunque la maquinaria de Puna Stone no ha ingresado a áreas protegidas, su actividad ha impactado sitios arqueológicos y ha provocado alteraciones en el sistema hídrico de la región, desviando el curso del río sin la debida autorización de la Secretaría de Asuntos Hídricos. Los habitantes locales expresan su preocupación por la posible contaminación del suelo y del agua, temores que se agravan en un contexto donde las irregularidades en el sector minero se han vuelto alarmantemente comunes.
En los últimos meses, la minería en la zona ha estado marcada por incidentes graves, incluyendo la muerte de dos mineros en la puna y la aparición de trabajadores asiáticos que residían en el país de manera irregular. Además, se han reportado denuncias de intentos de corrupción relacionados con menores, lo que genera un clima de desconfianza entre la comunidad y las empresas del sector.
Proveedores mineros en problemas: La controversia de INVLAC SRL
Paralelamente, surge una nueva controversia que involucra a INVLAC SRL, un proveedor clave de la mina surcoreana POSCO. Fundada en 2007 por Víctor Laconi y Andrés Cuneo, la empresa ha sumado en 2018 a Ernesto Maggio y Álvaro Pérez a su equipo, además de otros capitales. Sin embargo, se ha denunciado que INVLAC no ha cumplido con sus obligaciones de pago hacia proveedores locales, generando una crisis de incertidumbre en la región.
“Nos dejaron sin capital de trabajo y con deudas que no podemos cumplir”, declaró un proveedor afectado en una entrevista. Esta problemática se ha prolongado por más de un año sin que los damnificados hayan recibido respuesta alguna de la empresa.
Al contactar a uno de los socios de INVLAC SRL, la empresa rechazó las acusaciones, sosteniendo que las preocupaciones sobre problemas financieros son infundadas y que la controversia surgió a raíz de un medio de comunicación que ya no opera.
Un escenario de tensión
Estas situaciones ponen de relieve la tensión creciente entre las comunidades locales y las empresas mineras en Salta. Las denuncias sobre irregularidades operativas y financieras no solo amenazan el desarrollo económico de la región, sino que también ponen en riesgo su patrimonio cultural y ambiental. La falta de respuesta y acción efectiva por parte de las autoridades y las empresas involucradas plantea serias preguntas sobre la regulación y la responsabilidad en el sector minero.
