El próximo martes marcará un punto crucial en la investigación sobre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. La fiscalía ha convocado a Yañez a una audiencia virtual con el fin de avanzar en el proceso judicial y aclarar las acusaciones contra el ex presidente. La cita tiene como objetivo revisar las pruebas y definir el curso de la investigación, tras el reciente incumplimiento de Fernández de las restricciones impuestas por el juez Julián Ercolini.
Fernández había sido instruido por Ercolini para evitar cualquier contacto con Yañez y se le prohibió salir del país. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indican que el exmandatario intentó comunicarse indirectamente con Yañez, desafiando así las órdenes judiciales. Este movimiento se alinea con las acusaciones de «hostigamiento» que Yañez ha presentado, caracterizándolo como «terrorismo psicológico».
El sábado pasado, Yañez detalló en una entrevista que durante los últimos meses de su relación con Fernández recibió amenazas que implicaban un riesgo para su expareja en caso de actuar en contra de sus deseos. En su relato, mencionó que buscó ayuda en el Ministerio de las Mujeres sin éxito y evitó comentar sobre las acusaciones más recientes y su celebración durante la cuarentena debido al secreto de sumario.
En respuesta a las acusaciones, Fernández ha contratado a Silvina Carreira, una especialista en derecho de familia, para su defensa. La abogada ha sido designada en un momento en que Fernández se encuentra en el departamento de un amigo, Enrique “Pepe” Albistur. En un comunicado previo, Fernández había indicado que no emitiría declaraciones públicas, aunque recientemente se filtró una entrevista en la que invierte la acusación, sugiriendo que Yañez fue la agresora.
El allanamiento del viernes en el departamento de Fernández, ordenado por los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, reveló la incautación de su teléfono celular. Este dispositivo podría ser clave para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las restricciones.
La posible ampliación de las acusaciones podría derivar en una pena superior a los tres años de prisión, inhabilitando la posibilidad de excarcelación. La audiencia de la próxima semana será esencial para definir el rumbo de este caso, que ha evolucionado desde un escándalo financiero hacia una compleja acusación de violencia de género centrada en la figura del ex presidente.
