En un movimiento que ha generado intensas controversias, el gobierno encabezado por Javier Milei asignó $100.000 millones para la creación y fortalecimiento de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según lo publicado en el Boletín Oficial mediante el decreto 656.
Esta decisión marca un cambio significativo tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) apenas hace una semana, posicionando a la nueva SIDE como un pilar fundamental del sistema de inteligencia nacional. El monto asignado se suma al presupuesto general de 2024 y está designado específicamente para «fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional», según establece el decreto.
El artículo 2 del decreto establece la reserva de estos fondos, de acuerdo con la legislación vigente sobre gastos reservados, subrayando la sensibilidad y el carácter estratégico de los recursos destinados a estas funciones.
El Gobierno Nacional ha justificado esta medida como parte de una «profunda transformación del Sistema de Inteligencia», orientada a coordinar eficazmente los diferentes organismos de inteligencia para proteger la soberanía nacional, mantener el orden constitucional y generar evaluaciones estratégicas que beneficien los intereses nacionales.
Sin embargo, la asignación de recursos tan significativos no ha estado exenta de críticas. Desde la oposición, figuras como Vilma Ibarra, exsecretaria de Legal y Técnica durante la gestión de Alberto Fernández, han expresado preocupaciones sobre el retroceso de las libertades individuales y el aumento del poder y la opacidad en los servicios de inteligencia.
Juliana di Tullio, senadora kirchnerista, también ha cuestionado la medida, señalando que el presidente Milei está utilizando decretos para imponer cambios significativos, lo que ha generado un debate acalorado en el ámbito político y entre la opinión pública.
La controversia en torno a la nueva asignación de fondos y la reconfiguración del sistema de inteligencia prometen seguir siendo temas candentes en los próximos días, mientras se discute el impacto y las implicaciones de estas medidas en el escenario político y social argentino.
