En un movimiento destinado a aumentar los ingresos estatales y ajustar el panorama fiscal, el Gobierno argentino ha reglamentado la ley del Impuesto a las Ganancias, recientemente convertido en Impuesto a los Ingresos Personales a través del decreto 652/2024. Esta medida, aprobada por el Congreso, busca expandir la base impositiva al reducir el mínimo no imponible, lo que impactará en un aumento significativo de trabajadores alcanzados por el impuesto.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se espera que este ajuste contribuya con un 0,4303% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el año 2024. De esta cifra, un 0,4221% será distribuido entre el Tesoro Nacional y las provincias, marcando un aumento en los recursos disponibles para ambas esferas de gobierno.
Los cambios más significativos se reflejan en los nuevos umbrales de ingresos sujetos a tributación. Los trabajadores solteros sin hijos verán afectados sus ingresos brutos por encima de $1,8 millones, equivalentes a aproximadamente $1,5 millones netos. Por otro lado, aquellos empleados con dos hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo deberán pagar impuestos sobre ingresos brutos superiores a los $2,2 millones, que equivalen a $1,95 millones netos. Estas modificaciones entrarán en vigor a partir de los salarios que se cobren a finales de julio o principios de agosto.
Sin embargo, la implementación de estos cambios no ha estado exenta de controversia. Los gremios y sectores laborales han expresado preocupaciones y están movilizando esfuerzos para frenar o modificar los efectos de esta reglamentación. La reacción sindical refleja la preocupación de los trabajadores y sectores afectados por el incremento en la carga impositiva, en un contexto económico ya tenso y marcado por la inflación y la recesión.
Este ajuste fiscal, aunque destinado a fortalecer las arcas públicas y mejorar la equidad tributaria, plantea desafíos significativos tanto para el gobierno como para los ciudadanos afectados. La discusión continúa mientras el país se adapta a estos cambios en el marco normativo que regula la contribución fiscal de los trabajadores argentinos.
