La mañana del 23 de julio, 200 trabajadores de Puna Mining enfrentaron una dura realidad: la empresa decidió despedirlos de manera abrupta debido al cierre inesperado del proyecto en el Salar del Rincón. Los empleados, que habían estado dedicados a la producción de carbonato de litio desde 2017, recibieron la noticia de que debían desalojar la planta ubicada en la puna salteña.
Puna Mining, una joint-venture con la australiana Argosy Minerals, había comenzado la fase comercial de su operación en abril. Sin embargo, la drástica caída del precio del litio, que ha bajado alrededor del 80% en el último año, forzó a la empresa a tomar esta decisión. Las conexiones afectadas entre la planta y el mercado global se volvieron insostenibles.
Los trabajadores, sorprendidos y descontentos, han amenazado con bloquear la Ruta Nacional 51, un acceso crucial que conecta Campo Quijano con otras áreas de la provincia. Esta medida refleja su frustración ante la pérdida repentina de empleo y la falta de claridad sobre el futuro.
El 25 de julio, Francisco Alurralde, Director Corporativo de Puna Mining, expresó en un comunicado su reconocimiento al esfuerzo de los empleados y prometió apoyo durante la transición. “Nos comprometemos a ayudar a nuestros colaboradores en esta etapa y esperamos poder reincorporarlos cuando las condiciones del mercado mejoren”, dijo Alurralde.
¿Crisis del Litio o Estrategia de Beneficios?
En un primer momento, la empresa justificó los despidos masivos como una medida necesaria para enfrentar la caída en los precios del litio. Sin embargo, el problema va más allá de las fluctuaciones del mercado. Según investigaciones previas del equipo de El 10Tv, la realidad es que la precariedad laboral de los trabajadores y las prácticas empresariales orientadas a la maximización de beneficios económicos jugaron un rol decisivo en la decisión de despedir al personal.
Los reportes indican que, durante la fase de expansión de la operación, se implementaron condiciones de trabajo cada vez más inestables y precarias, con sueldos bajos y contratos temporales. A esto se sumó una estrategia agresiva por parte de la empresa para reducir costos y asegurar grandes sumas de dinero, priorizando la rentabilidad sobre el bienestar de sus empleados. Este enfoque contribuyó significativamente a la crisis interna y a la necesidad de recortes drásticos, dejando a muchos trabajadores en una situación de incertidumbre y desprotección.
Mientras tanto, la empresa se enfoca en la reingeniería de la Fase III del proyecto, con el objetivo de continuar desarrollando la actividad en Salta. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente en la comunidad local y entre los trabajadores, que enfrentan un futuro incierto tras la repentina reestructuración de la empresa.
