El Municipio de Salta decidió intervenir el Mercado San Miguel y destituir a José «Pepe» Muratore de su cargo como administrador. Esta medida fue tomada tras el incendio ocurrido el 6 de noviembre, que reveló graves irregularidades en la gestión del mercado. El intendente Emiliano Durand firmó el decreto N° 720/24, que establece una intervención por seis meses, con opción de prórroga. Emilio Gutiérrez, actual director de Centros Vecinales, fue nombrado interventor con el objetivo de garantizar la seguridad y reorganizar el funcionamiento del mercado.
Irregularidades graves en la gestión del mercado
Las irregularidades que motivaron la intervención fueron múltiples y preocupantes. Entre las más graves se encuentran:
- Falta de medidas de seguridad esenciales: El mercado no contaba con una red hidrante, indispensable para prevenir incendios.
- Certificado de habilitación vencido: El certificado de habilitación de bomberos había caducado en 2023, lo que es una clara señal de negligencia.
- Desatención a alertas de organismos especializados: El COPAIPA había alertado desde 2016 sobre el riesgo de incendios, pero no se tomaron medidas para resolver el problema.
- Deficiencias en las salidas de emergencia: No se había implementado un sistema adecuado de evacuación en caso de emergencia.
- Condiciones insalubres y deficientes infraestructuras: El mercado presentaba graves problemas de infraestructura, lo que afectaba la salud y seguridad de puesteros y compradores.
Actitud desafiante de Muratore ante la intervención
La destitución de Muratore estuvo marcada por una actitud desafiante de su parte. Según los informes, cuando los funcionarios municipales intentaron notificarle la intervención, se negó a firmar el acta y desafió abiertamente a las autoridades, diciendo: “A mí nadie me saca del mercado”. La situación escaló cuando puesteros y empleados del mercado, fuertemente impulsados e influenciados por Muratore, intervinieron de forma violenta, agrediendo y amenazando a los funcionarios. Esto dificultó la firma de los documentos legales necesarios.
Objetivo de la intervención y posibles prórrogas
La intervención busca poner fin a años de irregularidades que han puesto en riesgo la seguridad de quienes transitan el mercado. A partir de esta medida, se pretende garantizar un funcionamiento seguro y ordenado del establecimiento. La intervención podrá extenderse por seis meses más, si así lo requiere la situación.
La justicia deberá ahora intervenir para resolver el desacato de Muratore y las amenazas a los funcionarios. Su actitud ha quedado clara: su único interés era mantener el control del mercado, sin importar las consecuencias para la comunidad.
