El pasado viernes, el juez Maximiliano Troyano dictó sentencia en el caso del ginecólogo de 52 años, hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal en dos incidentes separados. La decisión, que culmina un proceso judicial intensamente debatido, impone al profesional una pena de 7 años de prisión efectiva y una inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.
El juicio, que ha captado la atención por su naturaleza y las implicaciones para la profesión médica, comenzó tras la denuncia presentada el 2 de noviembre de 2022. Una mujer acusó al ginecólogo de haber abusado de ella durante una consulta médica. La víctima, cuya declaración fue considerada consistente y veraz, había confiado en el profesional por su reputación.
El fiscal Rodrigo González Miralpeix, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), argumentó que el abuso era particularmente grave debido a la relación de confianza establecida entre la víctima y el acusado. El fiscal solicitó inicialmente una pena de 8 años de prisión y una inhabilitación perpetua para el ejercicio profesional, subrayando también un antecedente condenatorio del médico. La querella, representada por su propio abogado, pidió 9 años de prisión y una inhabilitación de por vida.
Durante el juicio, el tribunal escuchó testimonios detallados y revisó pruebas que reforzaron la acusación de abuso. En su alegato, el fiscal enfatizó que el ginecólogo había violado la integridad sexual de la paciente en un contexto de confianza profesional, lo que agravó la naturaleza del delito.
En la sentencia, además de la pena de prisión y la inhabilitación profesional, el juez Troyano ordenó que el condenado se sometiera a tratamiento psicoterapéutico y que se le extrajera material genético para futuras investigaciones. La resolución del caso subraya el firme compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual.
