Los trabajadores de Vialidad de la Provincia de Salta han iniciado una serie de protestas esta semana en respuesta a la Ley de Consorcio Caminero, que ya ha obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y cuenta con un dictamen favorable en el Senado. Su oposición se centra en el temor de que la ley implique una privatización encubierta de los servicios viales, dado que el nuevo consorcio sería parcialmente financiado por fondos del organismo provincial.
El proyecto, impulsado por la diputada Betina Navarro de Anta, ha sido promovido en coordinación con los ministerios de Infraestructura, Economía y Servicios Públicos, y Producción y Desarrollo Sustentable. Navarro había acordado previamente con los trabajadores la formación de un comité evaluador integrado por el Sindicato de Trabajadores de Vialidad (SITRAPS) y profesionales de la Dirección de Vialidad de Salta. Este comité debía revisar el proyecto para asegurar que no afectara negativamente los puestos de trabajo. No obstante, este acuerdo no se ha materializado y el tratamiento de la ley ha avanzado sin considerar las observaciones del gremio.
Carlos López, delegado de SITRAPS, expresó desde el campamento ubicado en Tres Acequias, cerca de la ruta 23, kilómetros 3 y 5: “Se formó una comisión y se nos prometió revisar el proyecto para evitar efectos adversos sobre nuestro trabajo. Aunque no podemos oponernos a la ley en sí, sí podemos rechazar que nos perjudique personalmente”. López añadió que la ley requiere que Vialidad transfiera parte de su presupuesto a los consorcios, lo cual, según él, podría resultar en la pérdida de empleo y recursos para el organismo.
La preocupación de los trabajadores radica en que el financiamiento y el equipo actualmente disponibles para Vialidad serían desviado hacia el nuevo consorcio, reduciendo así los recursos y herramientas disponibles para el mantenimiento y construcción de rutas. La situación sigue en desarrollo mientras se espera la decisión final del Senado sobre la ley propuesta.
