En un reciente video, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, propuso una medida polémica: que los conductores ebrios que causen accidentes de tráfico asuman el costo de su atención médica. Según Sáenz, quienes no puedan cubrir esos gastos deberían realizar trabajos comunitarios como compensación. La propuesta surge en medio de un alarmante panorama: en 2023, se registraron casi 6.000 siniestros viales, con una parte significativa relacionada con el consumo de alcohol. El gobernador destacó que la internación de víctimas de accidentes graves podría costar al Estado hasta 60 millones de pesos mensuales.
La idea, aunque no detallada en su totalidad, plantea un debate sobre la responsabilidad de los conductores y el impacto financiero que estos incidentes generan a las arcas públicas. Sáenz no solo critica la falta de responsabilidad al volante, sino que también señala el costo que la atención médica de estos accidentes representa para los ciudadanos que cumplen con las leyes. «El que tiene dinero, que pague; el que no, que trabaje para la comunidad», afirmó con firmeza.
Este no es el primer intento legislativo en esta dirección. A finales de octubre, la senadora Alejandra Navarro presentó un proyecto que exige a los conductores sin cobertura médica hacerse cargo de los costos derivados de un accidente, lo que aún espera su discusión en la Cámara de Diputados. La medida de Sáenz se sumaría a este debate, generando opiniones divididas sobre su viabilidad y efectividad en la lucha contra la irresponsabilidad al volante.
