Una investigación federal desmantela una posible red de complicidad entre reclusos y funcionarios del penal de General Güemes, apuntando a una trama delictiva organizada desde adentro.
La mañana del 3 de enero, un amplio operativo policial sacudió el penal federal de General Güemes, en Salta, con la participación de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Gendarmería Nacional. La misión: desarticular una red de tráfico de teléfonos celulares, presuntamente utilizada por los internos para coordinar actividades ilícitas desde el interior de la prisión.
Durante meses, las autoridades federales habían estado recolectando pruebas que indicaban la complicidad de algunos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, quienes habrían facilitado el acceso a estos dispositivos a los reclusos. Este tráfico de celulares es clave para la planificación de delitos fuera del penal, lo que motivó el operativo masivo con más de 100 efectivos. Los allanamientos no solo se limitaron a las instalaciones del complejo penitenciario NOA III, sino que también incluyeron domicilios de personas vinculadas al servicio penitenciario.
Además del problema del tráfico de teléfonos, el penal enfrenta serias deficiencias estructurales, como la falta de higiene, servicios médicos insuficientes y el maltrato hacia los internos. La situación se complica aún más cuando se analizan los perfiles de algunos reclusos, como el sicario Ricardo «Coya» Rojas, cuyo caso destaca por la peligrosidad de algunos internos.
Los allanamientos continúan en busca de más pruebas sobre la red delictiva que operaba desde el interior del penal. Las autoridades se mantienen alerta mientras avanzan con la investigación para determinar la extensión de la complicidad entre reclusos y funcionarios.
