El presidente Javier Milei confirmó su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, decisión que se oficializó en el Boletín Oficial este jueves, horas después de una masiva marcha en apoyo a la educación pública. La movilización, conocida como la Marcha Federal Universitaria, reunió a miles de personas en todo el país, en una clara manifestación de descontento hacia la medida del gobierno.
El decreto de veto señala que el proyecto aprobado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, ya que, según Milei, no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de financiamiento necesaria. En este sentido, el presidente advirtió que cumplir con la ley sancionada podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, generando la necesidad de obtener recursos extraordinarios no previstos.
Argumentos del Gobierno
El comunicado emitido por la Oficina del Presidente argumenta que el proyecto no defiende el financiamiento de las universidades nacionales, sino que busca, según su perspectiva, perjudicar al gobierno. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos”, señala el texto, haciendo hincapié en que el debate sobre el financiamiento universitario debe enmarcarse en la discusión del Presupuesto Nacional 2025.
La decisión ha generado preocupación en varios sectores de la sociedad, especialmente entre los estudiantes y académicos, quienes consideran que el veto pone en riesgo el acceso a una educación pública de calidad. La Casa Rosada, por su parte, atribuyó motivaciones políticas a la movilización, señalando la participación de figuras de la oposición y enfatizando la existencia de un nuevo frente político que busca obstaculizar su plan económico.
Un futuro incierto para la Educación Superior
A pesar de la negativa del presidente, se anunció que el gobierno analizará las repercusiones de la marcha, que incluyó a una diversidad de integrantes de la sociedad, incluidos muchos de los votantes de Milei. La Casa Rosada reafirmó su compromiso con las universidades nacionales y destacó la importancia de alcanzar un equilibrio fiscal, aunque el veto ha dejado un panorama incierto para el financiamiento de la educación superior en el país.
La situación se mantiene tensa, con una clara división entre el gobierno y aquellos que defienden la educación pública, mientras el debate sobre las prioridades del Estado se intensifica en el marco de un contexto económico complejo.
