En una decisión que resuena con fuerza en el ámbito político y educativo, el juez federal Pablo Cayssials rechazó el reclamo millonario de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMA) contra el Ministerio de Capital Humano. La universidad, creada el año pasado bajo el auspicio de Hebe de Bonafini, había solicitado la transferencia de $556 millones, que consideraba esenciales para su funcionamiento. Sin embargo, la corte decidió que el reclamo no cumplía con las condiciones excepcionales necesarias para avanzar.
Desde el Ministerio, se cuestionó la legitimidad del nombramiento de la rectora Cristina Caamaño Iglesias Paiz, argumentando que su designación no había sido validada conforme a las normativas vigentes, lo que dejó a la UNMA en una posición legal incierta. La suspensión de su apertura, ordenada en febrero por el presidente Javier Milei, se mantuvo firme en esta sentencia. El juez Cayssials, en su fallo, destacó que no había evidencia de arbitrariedad en las acciones del Gobierno y sugirió que la universidad debía cumplir con todos los requisitos legales antes de recibir fondos.
La historia de la UNMA comenzó con un impulso idealista por parte de Bonafini, quien buscaba crear una nueva institución educativa en el marco de la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, este sueño se ha visto truncado por una serie de desafíos legales y políticos. La sentencia reciente representa un duro golpe para la universidad, posponiendo indefinidamente su apertura hasta que cumpla con las exigencias legales establecidas por la ley.
El fallo del juez Cayssials no solo rechaza la demanda por los fondos, sino que también refleja el complejo panorama de la política educativa en Argentina, donde los sueños de cambio se enfrentan a realidades legales y burocráticas. En la sala del tribunal, se cierra un capítulo de esta saga, pero se abre un nuevo período de incertidumbre para el futuro de la UNMA.
