Citación ante el Ministerio Público
Evo Morales, expresidente de Bolivia, ha sido convocado a declarar el próximo jueves en Tarija en el marco de una investigación relacionada con el supuesto embarazo de una adolescente durante su gestión. Acusado de trata y estupro, Morales se enfrenta a serios cargos que han captado la atención nacional e internacional.
Defensa legal
En una conferencia de prensa realizada el 8 de octubre en Cochabamba, Morales afirmó que no tiene intención de evadir la citación. “No me voy a escapar. Ahora me toca defenderme legalmente con un equipo de abogados. Hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”, declaró. Sin embargo, no aclaró si se presentará ante la comisión de fiscales.
Contexto de la acusación
Morales y su defensa consideran que las acusaciones forman parte de una “persecución judicial” en represalia por una reciente marcha contra el gobierno de Luis Arce. Aunque se defienden de la acusación, no han negado la posibilidad de que se haya cometido un delito. En total, se han abierto cuatro procesos en su contra en las últimas semanas, y otros dos individuos, presumiblemente los padres de la menor involucrada, también están siendo procesados.
Procedimiento de notificación
La citación fue entregada el 8 de octubre por policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la vivienda de Morales. Freddy Medinacelli, director de Felcc, comentó que inicialmente hubo resistencia en la recepción del documento, aunque finalmente fue firmado.
Reacciones y tensiones políticas
La noticia de la citación ha generado tensiones dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), donde Morales y el actual presidente Luis Arce compiten por el control del partido y la candidatura presidencial para 2025. Dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba han advertido que podrían surgir “convulsiones” si Morales es detenido.
Implicaciones internacionales
Las acusaciones contra Morales también han tenido repercusiones en el ámbito internacional. El Grupo de Puebla, compuesto por líderes de izquierda, ha respaldado al expresidente, describiendo la investigación como una campaña de “lawfare”. En respuesta, el Foro de Madrid, una coalición de partidos y organizaciones de derecha, ha acusado a sus opositores de avalar comportamientos inapropiados.
Este caso no solo refleja la complejidad de la situación política en Bolivia, sino que también pone de manifiesto la polarización que enfrenta el país en estos momentos.
