En el tramo de la ruta nacional 9/34 que une San José de Metán con Yatasto, el estado deplorable de la carretera ha llevado a una decisión judicial sin precedentes: el embargo del 40% de la recaudación diaria del peaje de Cabeza de Buey. Esta medida, ordenada por el juez Sebastián Fucho, busca forzar a la empresa estatal Corredores Viales S.A. a cumplir con sus obligaciones de mantenimiento.
El juez Fucho explicó en una entrevista con medios locales que la concesionaria ha evadido sistemáticamente sus responsabilidades de reparación, a pesar de un amparo judicial que les dio un plazo de 20 días para atender la ruta. La falta de acción llevó a una multa diaria de 2 millones y medio de pesos y, finalmente, a un embargo inicial de 75 millones de pesos sobre las cuentas bancarias de la empresa.
Cuando Corredores Viales comenzó a manejar sus fondos a través de un fideicomiso, la recuperación de los fondos se complicó. Como resultado, el juez Fucho ordenó un nuevo embargo de 75 millones de pesos para los siguientes 30 días y decidió embargar el 40% de la recaudación del peaje para garantizar el cumplimiento de las reparaciones.
La empresa, que recibe anualmente 98 mil millones de pesos en concepto de impuesto al gasoil, ha sido criticada por no traducir esta recaudación en mejoras viales. Reparar completamente el tramo afectado de la carretera, que se estima cuesta 83 millones de pesos por kilómetro, representa solo el 14% de la recaudación mensual. A pesar de esto, Corredores Viales ha mostrado reticencia a realizar las inversiones necesarias en mantenimiento.
El embargo busca asegurar que se lleven a cabo las reparaciones esenciales y abordar el grave estado de la carretera, que presenta huellas de hasta 29 centímetros, muy por encima de los 12 milímetros permitidos por contrato, y que ha provocado numerosos accidentes.
