La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza a la antigua AFIP, ha acelerado la investigación contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, por evasión fiscal. La deuda de la empresa alcanzaría los 200.000 millones de pesos (aproximadamente 1.300 millones de dólares), según estimaciones del Gobierno. La cifra sigue creciendo a diario debido a los amparos judiciales interpuestos por Otero. La DGI, ahora bajo la dirección de Andrés Vázquez, busca descubrir los delitos detrás de esta evasión, que sigue en desarrollo.
Reestructuración interna y cambios clave en la DGI
Desde su asunción el 26 de octubre, Vázquez ha realizado cambios significativos en la Dirección General Impositiva (DGI) para fortalecer la investigación. Desplazó a varios funcionarios clave y nombró a nuevos dirigentes de confianza, como Marcelo Lafont y Claudio Castagnola, quienes lideran los controles sobre grandes contribuyentes. Según fuentes cercanas a ARCA, estos ajustes han generado nerviosismo en Otero, quien recientemente rompió su silencio en una entrevista radial de 45 minutos, algo inédito en su comportamiento público.
El impacto del caso en la industria tabacalera
La deuda de Tabacalera Sarandí se originó entre 2018 y 2023, por el incumplimiento del Impuesto Interno. La empresa, que vende aproximadamente 40 millones de atados de cigarrillos al mes, ha logrado expandir su participación en el mercado gracias a su controversia fiscal. El caso sigue siendo objeto de discusiones judiciales, mientras ARCA avanza en la fiscalización para sancionar las prácticas de evasión que han favorecido a Otero y su tabacalera, cuyo principal producto es la marca Red Point.
