La ley, que reduce el gasto electoral, fue aprobada por una mayoría, pero generó fuertes divisiones dentro de la política argentina.
En una sesión de alto voltaje, el Senado sancionó la ley que suspende las PASO para el año 2025. Con 43 votos a favor y 20 en contra, la iniciativa cumplió con uno de los objetivos principales del Gobierno en las sesiones extraordinarias, pero dejó un panorama de tensiones y críticas internas. Aunque la mayoría de los votos a favor provinieron de oficialistas y algunos dialoguistas, el kirchnerismo se fracturó en esta cuestión, evidenciando las profundas diferencias dentro del Frente de Todos.
La senadora Alejandra Vigo, una de las defensoras del proyecto, justificó la medida al argumentar que las PASO no habían resuelto los problemas de representación política y habían generado un gasto innecesario. Según sus cálculos, suspender las PASO ahorraría unos 150 millones de dólares, aunque esta cifra fue puesta en duda por la oposición, que criticó el uso de recursos en un contexto económico crítico.
Sin embargo, la propuesta no estuvo exenta de rechazos dentro de la propia coalición. Senadores como el radical Pablo Blanco, aunque inicialmente de acuerdo con la discusión, se mostró contrario a la suspensión, cuestionando tanto la medida como el destino del dinero que se ahorraría. Mientras tanto, algunos miembros del Frente de Todos señalaron que las PASO ya no cumplían su función, aunque otros defendieron el sistema, advirtiendo sobre el retroceso institucional que podría generar la suspensión.
El debate cerró con una postura de la Libertad Avanza, que criticó las PASO como un «abuso del sistema» y las calificó como un gasto innecesario, argumentando que ningún país de la región cuenta con un sistema similar. El futuro político de las primarias argentinas queda, así, en manos de esta ley, que marca un punto de inflexión en la organización electoral.
