El Gobierno nacional ha prohibido a los municipios cobrar tasas locales a través de las facturas de servicios públicos como agua, gas y electricidad. La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y confirmada en el Boletín Oficial, busca que los impuestos municipales sean gestionados de forma independiente a los servicios contratados.
La resolución, establecida bajo la norma 2024-267 de la Secretaría de Comercio, prohíbe la inclusión de cargos ajenos al servicio específico en las facturas. Caputo ejemplificó la medida mostrando una factura de electricidad que incluía tasas municipales por servicios no relacionados con el suministro de energía.
El ministro argumenta que la medida pretende eliminar el “ocultamiento” de aumentos impositivos bajo el concepto de servicios públicos, señalando que estas prácticas afectan el programa económico del Gobierno y la transparencia para los consumidores.
Críticas y Repercusiones
La decisión ha generado reacciones mixtas. Varios intendentes, como Mayra Mendoza de Quilmes, han criticado la medida, alegando que el Gobierno está desviando la atención de problemas económicos más profundos. Mendoza acusó al ministro Caputo de mentir sobre los impactos de las políticas económicas en la vida de los ciudadanos.
Además, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) han expresado preocupación por el aumento en tributos provinciales y municipales, argumentando que estos incrementos afectan directamente los precios y las ventas.
Implicaciones Constitucionales y Reacciones Provinciales
El constitucionalista Antonio María Hernández ha calificado la resolución de “groseramente inconstitucional”, argumentando que la medida viola la autonomía municipal garantizada por la Constitución. Hernández subraya que los municipios tienen el derecho de percibir tasas y contribuciones como parte de su autonomía financiera.
Funcionarios provinciales también han señalado que la regulación de los servicios públicos, como electricidad y agua, sigue estando bajo su jurisdicción. En Santa Fe, por ejemplo, ni siquiera se ha adherido completamente a la ley nacional sobre regulación eléctrica, limitando así la capacidad del Gobierno Nacional para imponer cambios.
El debate sobre la autonomía municipal y el control federal sobre las tasas y servicios públicos continúa, reflejando la complejidad de la relación entre distintos niveles de gobierno en Argentina.
