El Gobierno de Javier Milei ha formalizado la reglamentación del «silencio positivo», una disposición que modifica el tratamiento de las solicitudes administrativas. A partir del 1 de noviembre de 2024, esta medida permitirá que la falta de respuesta del Estado ante una solicitud de trámite se considere como una aceptación tácita. La normativa, comunicada a través del Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 836/24, introduce cambios en el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 de 1972.
El nuevo inciso «b» del artículo 10 establece que, cuando una normativa requiera una autorización administrativa, la falta de resolución expresa por parte del Estado se interpretará como una aprobación. Esta modificación busca agilizar los procesos administrativos y reducir el margen para la corrupción al eliminar el período de espera prolongado que podría ser explotado para sobornos.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha calificado esta medida como «anticoima», argumentando que reduce la capacidad del Estado de imponer demoras o exigir sobornos a los ciudadanos. Según Sturzenegger, si el Estado no responde a una solicitud de autorización en el plazo estipulado, la solicitud será automáticamente considerada aprobada.
El «silencio positivo» entrará en vigor en la Administración Pública Central el 1 de noviembre de 2024, mientras que para los organismos descentralizados la implementación comenzará el 1 de diciembre de 2024. La reglamentación también especifica que el «silencio positivo» no se aplicará en áreas sensibles como salud pública, medio ambiente, y prestación de servicios públicos, salvo que una norma específica permita lo contrario.
Durante el debate sobre la Ley Bases, surgieron preocupaciones sobre el potencial de que esta medida facilite la apropiación indebida de bienes estatales, como se señaló por la senadora Juliana Di Tullio. La ley incorpora excepciones para evitar tales situaciones, garantizando que el silencio positivo no afecte áreas de alta relevancia pública.
El Tribunal Fiscal Nacional, representado por Miguel Nathan Licht, explicó que el «silencio positivo» se aplica únicamente en contextos donde la solicitud administrativa no implique riesgos para terceros o para el orden público. En situaciones donde se requiera una autorización explícita por ley, como para realizar manifestaciones en la vía pública, la falta de respuesta administrativa no será interpretada como aprobación.
Con estos cambios, el Gobierno busca reformar los procedimientos administrativos y mitigar las oportunidades para la corrupción, al mismo tiempo que agiliza la gestión de trámites para los ciudadanos.
