La diputada Mónica Juárez solicitó a sus pares nacionales la aplicación de sanciones contra Estrada, involucrado en un escándalo de difamación y manipulación mediática.
La política salteña está en ebullición luego de que la diputada provincial Mónica Juárez pidiera formalmente la expulsión de Emiliano Estrada, diputado nacional, por su presunta participación en una campaña de fake news contra figuras públicas. La solicitud se basa en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que los legisladores pueden ser suspendidos o expulsados por desorden de conducta o inhabilidad moral.
El caso, denominado «escándalo de las fake news», se centra en las declaraciones de Florencia Bustamante, empleada de la Cámara de Diputados y supuesta subordinada de Estrada, quien admitió haber participado en la creación de cuentas falsas para difamar a políticos, empresarios y periodistas a pedido del legislador. Estas revelaciones han generado un fuerte debate sobre la ética en la política y la transparencia en el ejercicio legislativo.
La diputada Juárez presentó un proyecto de declaración solicitando que el Congreso evalúe sanciones para Estrada, las cuales podrían incluir desde una suspensión hasta su expulsión definitiva, medida que requiere el voto de dos tercios de los legisladores presentes. Este hecho reaviva la discusión sobre el papel de las redes sociales en la política y las consecuencias de su uso indebido.
Con la causa judicial en curso, el Congreso deberá decidir si actúa con la firmeza que exigen los estándares éticos o si deja pasar el escándalo sin consecuencias.
