El lunes de hoy marca el segundo mes desde la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio en la casa de su abuela en 9 de Julio. El caso, bajo la órbita del Juzgado de Goya, ha tenido un ritmo vertiginoso de avances y retrocesos, con nuevas teorías y pistas que emergen y se desvanecen rápidamente.
En una reciente vuelta de tuerca, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo ha citado a José Fernández Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña, tía de Loan. Fernández Codazzi debe responder por las acusaciones que sostienen que intentó manipular la investigación con amenazas y sobornos. Según la denuncia de Laudelina, el abogado habría ofrecido dinero para que ella afirmara que Loan murió en un accidente de tránsito. La denuncia se expande a un supuesto intento de soborno a Macarena Peña, hija de Laudelina, para corroborar la misma teoría.
La citación a Fernández Codazzi, quien tiene lazos estrechos con el gobierno de Corrientes y con el mandatario Gustavo Valdés, se produce después de que la jueza rechazara previamente las solicitudes de detención y allanamiento presentadas por Fernando Burlando, abogado de la familia Peña. Ahora, el fiscal federal Martín De Guzmán deberá evaluar si las acusaciones de amenazas y soborno tienen fundamento.
Mientras tanto, la investigación avanza con nuevos detalles. Los peritos de la Policía Federal han revisado los datos del GPS del celular de María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal y pareja del ex capitán de navío Carlos Pérez. Los resultados sugieren movimientos sospechosos de Caillava en las horas cercanas a la desaparición de Loan, lo que podría contradecir las versiones oficiales de los implicados.
En el ámbito familiar, la declaración de Catalina, la abuela de Loan, ha arrojado luz sobre tensiones internas y presiones para apoyar la teoría del accidente. Catalina también mencionó una posible venta de bebés en la región, una práctica que habría cesado con la implementación de pensiones sociales.
A la par, la justicia sigue investigando las transferencias millonarias recibidas por los hermanos de Loan, Mariano y Cristian Peña, que ascendieron a entre 150 y 170 millones de pesos. Los Peña sostienen que el dinero se destinó a la búsqueda de Loan y a la creación de una fundación para asistir a otras familias. Mariano Peña había anunciado en una entrevista que el dinero recaudado a través de donaciones se utilizó para estos fines. Sin embargo, la justicia aún no ha determinado el origen exacto de estos fondos y sigue examinando los movimientos financieros.
El caso mantiene en vilo a la comunidad. Hasta ahora, siete personas están detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, delito que conlleva penas de entre cinco y quince años de prisión. A dos meses de la desaparición, la incertidumbre persiste sobre el paradero de Loan y la veracidad de las nuevas hipótesis. Esta semana, la jueza Pozzer Penzo deberá tomar decisiones cruciales sobre la situación procesal de los imputados.
