Crisis en la Policía de Santiago del Estero: Más de 60 agentes dieron positivo en pruebas de cocaína

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La Policía de Santiago del Estero enfrenta una crisis interna sin precedentes tras la revelación de que 62 de sus agentes dieron positivo en recientes exámenes toxicológicos. La situación, que ha suscitado una profunda preocupación por la integridad y capacidad operativa de la fuerza, emergió tras confirmarse el consumo de cocaína y marihuana entre los oficiales.

La crisis comenzó a gestarse con un primer examen realizado hace dos meses, en el que se seleccionaron al azar 190 agentes. De estos, 33 resultaron positivos. Aunque este hallazgo fue alarmante, el segundo examen, realizado hace dos semanas, reveló que 29 agentes adicionales estaban involucrados en el consumo de drogas prohibidas.

Respuesta de las autoridades

Como respuesta, las autoridades provinciales han tomado medidas drásticas. Los 62 agentes implicados han sido puestos en disponibilidad preventiva, separados temporalmente de sus funciones, con la retirada de sus armas reglamentarias y credenciales. Además, recibirán solo el 50% de sus salarios durante el proceso de sumario administrativo, que se llevará a cabo hasta obtener los resultados de una contraprueba en el laboratorio del Ministerio Público Fiscal.

El contexto financiero también se ha visto afectado, dado que los agentes involucrados percibirán únicamente la mitad de sus haberes mientras dure el procedimiento. Este sumario tiene como objetivo evaluar las acciones correctivas necesarias y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Santiago del Estero cuenta con una fuerza policial de aproximadamente 8.700 efectivos. En respuesta a la magnitud del problema, las autoridades han decidido extender el análisis toxicológico a toda la fuerza. El objetivo es asegurar que cada oficial sea apto para portar un arma y tomar decisiones críticas en el ejercicio de sus funciones.

Este caso subraya la necesidad de controles internos rigurosos dentro de las instituciones de seguridad para prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad y el bienestar de la comunidad. La resolución efectiva de este escándalo será crucial para restaurar la confianza pública en la policía y garantizar un servicio de seguridad libre de influencias perjudiciales.

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