La justicia ha dispuesto consignas policiales para unas 2,000 causas, principalmente relacionadas con la violencia de género. Esta medida implica una cobertura de 24 horas al día, organizada en tres turnos de ocho horas, lo que requiere la asignación de aproximadamente 6,000 efectivos policiales. Esta necesidad de personal ha llevado a una disminución notable en la presencia policial general en las calles, lo que afecta la seguridad pública. En 2020, la situación era similar, con la Policía destinada a cubrir alrededor de 800 consignas por violencia de género, lo que implicaba la utilización de aproximadamente 2,400 agentes para dicha tarea.
Recientemente, la denuncia presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández ha avivado el debate sobre la gestión de recursos en casos de violencia de género. La denuncia ha puesto en evidencia la presión que enfrentan los cuerpos policiales para cumplir con estas consignas sin comprometer otras áreas de seguridad. Marcelo Domínguez, Ministro de Seguridad y Justicia de Salta, ha señalado que la solución podría radicar en el uso de medios tecnológicos, como el Sistema de Emergencias 911, en lugar de depender únicamente de la presencia física de los efectivos. Domínguez argumenta que la carga actual de consignas físicas, que en algunos casos requiere acompañamiento constante de la víctima, está dejando a la población de Salta en una situación vulnerable.
En 2020, el Ministerio de Seguridad ya había comenzado a explorar la integración de tecnologías como pulseras y botones antipánico como una alternativa a las consignas físicas. Sin embargo, los recursos disponibles eran limitados, con solo 101 botones antipánico y 55 pulseras de sistema dual en uso. A pesar de estos esfuerzos, la necesidad de personal para cumplir con las consignas sigue siendo alta, y la tecnología aún no ha podido reemplazar completamente la presencia física de la Policía.
Las estadísticas muestran que las denuncias por violencia de género en Salta han estado en aumento constante desde 2016. En 2016, se registraron 14,695 denuncias; en 2017, fueron 13,619; en 2018, ascendieron a 14,584; en 2019, aumentaron a 21,707; en 2020, a 21,937; y en 2021, alcanzaron 26,492. Aunque en 2022 hubo una ligera disminución a 25,748, en 2023 se produjo un nuevo aumento, con 26,734 denuncias. La mayoría de las denuncias corresponden a violencia psicológica y doméstica, con la violencia física ocupando el segundo lugar. Las víctimas a menudo solicitan medidas de protección, como la prohibición de acercamiento para los agresores. En 2023, un total de 17,660 causas fueron ingresadas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG), reflejando la creciente necesidad de recursos para abordar esta crisis.
El aumento en las denuncias de violencia de género en Salta subraya una crisis que exige soluciones innovadoras. La saturación de consignas policiales ha reducido la presencia en las calles, revelando la necesidad de integrar mejor la tecnología y los recursos humanos en la protección de las víctimas. La reciente denuncia contra Alberto Fernández ha puesto en el centro del debate la eficacia del sistema actual. Es crucial que se optimicen los mecanismos de respuesta y se refuercen las medidas preventivas para garantizar una protección adecuada y efectiva para las víctimas.
