Nicolás Maduro ha decidido que X, la red social anteriormente conocida como Twitter, será silenciada en Venezuela durante los próximos diez días. La decisión, anunciada en una jornada cargada de tensión política y tecnológica, pone de relieve la creciente fricción entre el gobierno venezolano y el magnate sudafricano Elon Musk, el dueño de la plataforma.
En el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro se plantó ante los medios con un semblante severo. «He firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, para retirar X del aire en Venezuela por diez días», declaró con un tono que buscaba transmitir tanto autoridad como justicia. El anuncio no es una simple medida administrativa; es una declaración de guerra contra lo que Maduro considera una peligrosa violación de su soberanía digital.
Para Maduro, Musk no es solo un empresario de la tecnología, sino el modelo de un enemigo intangible que fomenta el odio y la discordia. En sus palabras, Musk se ha convertido en el arquitecto de una campaña de odio, un instigador de conflictos y un violador de las leyes venezolanas. La acusación es directa: el magnate ha transgredido las normas de X y ha alimentado una serie de discursos incendiarios que, según el presidente, incitan al odio y al fascismo.
La relación entre el gobierno venezolano y Musk no ha sido de armonía desde que el magnate ha comenzado a manifestar su apoyo a figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Musk ha usado X como una plataforma para criticar el régimen de Maduro y para denunciar lo que considera un desastre económico y social en Venezuela. Sus declaraciones y su apoyo a la oposición han causado una tormenta en el Palacio de Miraflores, donde se percibe su influencia como un sabotaje directo a la administración actual.
En un país donde el régimen chavista ha tenido una relación ambigua con las redes sociales, la decisión de suspender X refleja una estrategia de control en una era digital que, si bien está plagada de censura, también es testigo de una guerra constante de narrativas. Maduro, que antes utilizó estas plataformas para consolidar su imagen y su mensaje, ahora parece dispuesto a silenciar cualquier disidencia que pueda amenazar su poder.
La Ley Contra el Odio, promulgada en 2017, había ya comenzado a estrechar el cerco sobre las redes sociales en Venezuela, particularmente sobre Twitter, ahora X. La ley fue diseñada para controlar y moderar los contenidos, pero la medida de hoy es un acto de censura aún más radical. Maduro ha ordenado a sus seguidores que eliminen la aplicación de sus dispositivos, instando a una “acción inmediata, progresiva y voluntaria” para evitar la propagación de lo que él considera mensajes dañinos.
En los tiempos de Hugo Chávez, el gobierno revolucionario se embarcó en una campaña de contraataque digital, entrenando a “guerrilleros comunicacionales” para desafiar a los medios tradicionales. Sin embargo, esos tiempos han cambiado, y la influencia del chavismo en las redes ha disminuido. Ahora, el régimen enfrenta un desafío creciente, con una ciudadanía más activa y una oposición que utiliza la tecnología para amplificar su voz.
En un escenario donde el control de la narrativa es crucial, la suspensión de X es más que un simple apagón digital. Es una jugada estratégica en una batalla más amplia por el control de la información y la percepción pública, en un país donde la guerra de palabras puede tener un impacto tan profundo como la de los balazos.
