En un fatídico 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires se convirtió en el epicentro de una tragedia que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Tres décadas después, las heridas siguen abiertas mientras persiste la incertidumbre sobre quiénes fueron los responsables y los motivos detrás del ataque terrorista más devastador en la historia argentina.
La investigación inicial, dirigida por el entonces juez Juan José Galeano, pronto se vio enturbiada por irregularidades y el desvío deliberado de pistas cruciales, según concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una reciente condena al Estado argentino. Desde el primer momento, la escena del crimen no fue adecuadamente protegida, las pruebas no se recolectaron correctamente y operaciones paralelas socavaron el proceso judicial.
El resultado fue un primer juicio fallido que absolvía a todos los acusados locales, revelando una trama de encubrimientos y corrupción que alcanzó incluso a figuras de alto rango como el expresidente Carlos Menem. Posteriormente, una nueva causa se centró en estos encubrimientos, aunque las condenas aún están en apelación y sin resolución firme.
El fiscal Alberto Nisman, quien lideró una nueva investigación desde 2004, concluyó en 2006 que el atentado fue ejecutado por Hezbolá bajo las órdenes de altos funcionarios de Irán. Sin embargo, sus acusaciones no pudieron traducirse en acciones concretas debido a la falta de cooperación internacional y a controversiales acuerdos diplomáticos, como el memorándum con Irán firmado durante el mandato de Cristina Kirchner.
El caso tomó un giro aún más oscuro con la muerte de Nisman en 2015, justo antes de presentar acusaciones formales contra funcionarios del gobierno por obstrucción a la justicia. Su muerte, inicialmente clasificada como un suicidio, continúa siendo investigada como un posible homicidio, simbolizando la impunidad y la complejidad que rodea al caso AMIA.
Hoy, con la causa bajo la dirección del fiscal Sebastián Basso, se mantiene viva la hipótesis de la responsabilidad de Hezbolá e Irán. Mientras tanto, los familiares de las víctimas y diversas organizaciones continúan exigiendo verdad y justicia, denunciando la falta de transparencia y el manejo opaco de los archivos de inteligencia que podrían arrojar luz sobre los hechos.
En el trigésimo aniversario del atentado, las voces de los afectados, apoyadas por la comunidad internacional y líderes políticos, se unen nuevamente en un llamado por la memoria y la rendición de cuentas. Sin embargo, para muchos familiares, el dolor persiste junto con la desconfianza en un sistema que ha fallado repetidamente en satisfacer sus demandas de verdad y justicia.
