En el marco de una compleja trama legal que involucra alegaciones de violencia de género, el expresidente Alberto Fernández ha solicitado una intervención judicial urgente para prohibir la divulgación de fotos y videos íntimos que podrían estar circulando en diversas plataformas digitales. La solicitud de Fernández se enmarca dentro de una demanda por violencia de género y tiene como objetivo proteger su privacidad y la de su familia frente a una aparente amenaza de exposición no autorizada.
El expresidente ha presentado una «acción preventiva de daños» ante la justicia civil y comercial federal, buscando que se impida la difusión y reproducción de cualquier material visual que comprometa su vida privada. Fernández demanda que se eliminen todas las publicaciones ya existentes y que se adopten medidas estrictas para evitar la propagación de nuevos contenidos personales.
La medida cautelar también apunta contra importantes plataformas tecnológicas como Google, Facebook, X (anteriormente Twitter) y Yahoo, así como contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom), en un intento por bloquear cualquier divulgación de contenido que se considere perjudicial para su honor y privacidad.
En su solicitud, Fernández argumenta que la circulación de imágenes y videos falsamente atribuidos a él tiene el potencial de causar un daño severo a su reputación y a la de su familia. En particular, se refiere a la reciente aparición de videos en los que aparece con otras mujeres en contextos considerados «incómodos». Según el expresidente, estas publicaciones buscan no solo atacar su integridad personal sino también afectar la estabilidad emocional y la privacidad de sus hijos.
La acción legal también hace hincapié en la necesidad de proteger el derecho a la privacidad y la integridad familiar, como estipulan tanto la legislación nacional como los tratados internacionales sobre derechos humanos. Fernández sostiene que, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, no debe usarse como un pretexto para incitar al odio o vulnerar la intimidad de las personas, incluyendo a figuras públicas.
La solicitud de Fernández se enmarca en un contexto más amplio de discusiones sobre el equilibrio entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad, un tema que ha sido objeto de debate en jurisprudencia nacional e internacional. La medida busca, en última instancia, salvaguardar los «derechos personalísimos» del expresidente y de su familia frente a lo que él considera una amenaza inminente a su dignidad y bienestar.
