En una resolución de más de 500 páginas, el Tribunal Oral Federal 2 ha declarado la absolución de cuatro altos mandos de la Gendarmería Nacional, quienes enfrentaban cargos por la muerte de 43 gendarmes en un accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2015 en Rosario de la Frontera.
El trágico evento marcó el mayor número de víctimas gendarmes en cumplimiento del deber, ya que las víctimas viajaban en un colectivo hacia Jujuy para reforzar la seguridad en una región afectada por conflictos sociales.
El siniestro tuvo lugar en la ruta 34, cerca del puente sobre el arroyo Balboa, cuando el neumático delantero derecho del colectivo estalló, provocando que el conductor perdiera el control del vehículo, que impactó contra un guardarraíl y cayó desde una altura de más de 15 metros.
Los jefes Elio Rafael Méndez, Ramón Antonio Maidana, Juan Carlos Bordón y Juan Carlos Germán, todos ellos con distintas responsabilidades en el Destacamento Móvil 5, fueron llevados a juicio, mientras que el suboficial mayor Ricardo Villasanti, otro acusado, falleció durante el proceso y fue sobreseído por extinción de la acción penal.
El tribunal concluyó que los cuatro comandantes no podían ser responsabilizados simplemente por su rango. Según la sentencia, no se realizó un análisis adecuado del rol específico de cada uno ni de la información disponible en el momento del accidente.
La defensa demostró que los acusados no tuvieron un vínculo directo con la planificación y ejecución del traslado. Por ejemplo, el comandante Germán, encargado de logística, estaba asignado a Santa Fe y no involucrado en el transporte. Bordón, a pesar de ser el jefe del Destacamento Móvil en esa fecha, había regresado recientemente de una misión y estaba asignado al Área Personal.
El tribunal también rechazó la acusación de que los jefes fueran responsables por no tener la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTVO). Según informes, los vehículos de la Gendarmería estaban exentos de dicha obligación debido a una resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los acusados no tenían control sobre esta normativa.
La decisión del tribunal, publicada el 23 de agosto, desató la furia de los familiares de las víctimas, quienes lanzaron insultos y sillas en la sala de audiencias tras conocer el fallo. La resolución ahora está disponible para apelación, y el fiscal general Carlos Martín Amad ha anunciado su intención de impugnar la sentencia.
