La provincia de Salta se encuentra en el centro de una controversia que involucra un billonario reclamo por la vida salvada de un ciudadano boliviano. La escena se desarrolla en el Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán, un lugar que se ha convertido en el escenario de una trama cargada de dilemas morales y económicos.
El protagonista de esta historia, un hombre boliviano, llegó a la sala de emergencias del hospital el pasado 19 de julio, transportado en un remis mientras su cuerpo se debatía entre la vida y la muerte. Convulsionaba y, en un giro que parecía sacado de un thriller médico, sufrió un paro cardiorrespiratorio al ingresar. Los médicos, en una carrera contrarreloj, lograron estabilizarlo, solo para enfrentar un nuevo colapso poco después. La tomografía y la radiografía revelaron un abdomen en estado crítico: una cápsula de droga había estallado en su estómago, poniendo en peligro su vida.
“Lo que se veía en el abdomen era algo completamente inusual”, relata el doctor Fabián Valenzuela, gerente general del hospital. “Hicimos una operación de emergencia y encontramos 44 cápsulas, una de las cuales había explotado”. La vida de este hombre, que había actuado como “mula” en el tráfico de drogas, dependía ahora de la habilidad quirúrgica y de la suerte.
Durante más de una semana, el paciente permaneció en terapia intensiva, conectado a un respirador. Finalmente, el jueves y viernes de la semana pasada, pudo ser trasladado a una sala común. Sin embargo, el episodio no terminó con su recuperación. Al recuperarse, expresó su deseo de abandonar el hospital. Valenzuela, cumpliendo con su deber, notificó a la Gendarmería y a la Fiscalía Federal de Orán. La Gendarmería le hizo firmar un acta, indicando que el hombre no estaba detenido y podía irse sin implicaciones legales.
Pero antes de que pudiera salir por la puerta, el hospital le presentó una factura de 5 millones y medio de pesos, conforme a la normativa provincial que regula los cobros a extranjeros sin residencia permanente. El paciente, con una velocidad sorprendente, se fugó del hospital antes de que se pudiera formalizar el pago. Valenzuela, indignado, buscó la intervención policial para denunciar la violación de la ley de arancelamiento.
El caso ha puesto en evidencia la paradoja de salvar vidas en situaciones extremas y cómo estas vidas pueden verse atrapadas entre las exigencias económicas y la justicia. Mientras tanto, la Fiscalía Federal de Orán se enfrenta a un dilema legal complicado.
Así, entre la vida y la deuda, el destino del boliviano se convierte en un símbolo de las tensiones entre la urgencia médica y la justicia, y Salta queda atrapada en el eco de una demanda por 5 millones de pesos que resuena en los corredores del hospital y en los salones de la Fiscalía.
