En el día de hoy miércoles 31 de julio, el reloj marcará las 12:30 cuando las puertas del anexo C de la Cámara de Diputados se abran para un debate que promete ser tan controvertido como crucial. En esta sesión plenaria, las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda se enfrentarán a la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo: una ley destinada a reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
La propuesta del Gobierno no solo busca ajustar la ley a las realidades del Código Penal actual, sino que también introduce un régimen penal juvenil completamente renovado. Este nuevo marco pretende aplicar sanciones a adolescentes de entre 13 y 18 años por delitos tipificados en el Código Penal o en leyes especiales, presentes y futuras. Si un adolescente es encontrado culpable de un delito con una pena superior a 3 años pero sin haber causado muerte, violencia grave o lesiones gravísimas, el tribunal podría optar por sanciones alternativas a la prisión.
El rango de sanciones alternativas es variado: desde amonestaciones y prohibiciones de contacto con la víctima hasta la prestación de servicios comunitarios y el monitoreo electrónico. La prisión, cuando se imponga, podría cumplirse en diferentes modalidades, como en el domicilio o en instituciones especializadas, pero nunca en régimen de reclusión perpetua.
El propósito de este régimen no es solo castigar, sino también educar y reintegrar al joven en la sociedad. Se contempla un enfoque en la resocialización, con medidas complementarias que incluyen asesoramiento interdisciplinario, programas educativos y tratamientos médicos o psicológicos.
Sin embargo, el proyecto enfrenta una resistencia significativa. UNICEF ha advertido que bajar la edad de imputabilidad a 13 años no ha demostrado ser efectivo en la reducción de la delincuencia juvenil, y otros países en la región tienen umbrales de edad mayores. Mientras tanto, el gobierno argumenta que la falta de sanción para delitos cometidos por menores de 16 años genera una injusticia palpable en la sociedad.
El debate se torna aún más complejo al considerar que la propuesta ha sido respaldada por figuras clave del gobierno, como el presidente Javier Milei y los ministros de Justicia y Seguridad. Con la iniciativa en manos de las comisiones lideradas por Laura Rodríguez Machado, Manuel Quintar y José Luis Espert, se anticipa un enfrentamiento intenso en el Congreso Nacional.
