A finales de mayo, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, tomó una decisión que marcó un giro en la forma en que se aborda la seguridad en línea en Argentina. Bullrich autorizó a las fuerzas federales a implementar un programa de “ciberpatrullaje” en internet y redes sociales, un movimiento que se formalizó con la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). Esta unidad tiene como objetivo principal la prevención, detección e investigación de delitos mediante el uso de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial.
La introducción de esta nueva unidad y la expansión del ciberpatrullaje han desatado una serie de controversias. Aunque la modernización en el campo de la seguridad es generalmente aceptada como un avance positivo, el enfoque en el uso de IA para la vigilancia en línea no ha sido recibido de manera uniforme. Los especialistas en seguridad y derechos digitales han expresado preocupaciones significativas sobre cómo se implementará esta tecnología.
Lucía Camacho, consultora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo, ha subrayado que la resolución que habilita el ciberpatrullaje no se limita a crímenes estrictamente cibernéticos. Camacho critica la inclusión de delitos tradicionales como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas en la categoría de “cibercrímenes”. Esta expansión de la definición de cibercrimen podría, según ella, generar confusión y malentendidos sobre el alcance de las actividades de vigilancia.
Por otro lado, Beatriz Busaniche, magíster en Propiedad Intelectual y presidenta de la Fundación Vía Libre, señala preocupaciones adicionales. Busaniche advierte que, a pesar de que las publicaciones en redes sociales son accesibles públicamente, esto no justifica la recolección y procesamiento de datos personales para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Ella enfatiza el derecho de los ciudadanos a la privacidad y la protección de sus datos, argumentando que el acceso a información pública no debe traducirse en una autorización para el perfilamiento masivo o el uso invasivo de datos personales.
Así, la implementación del ciberpatrullaje automatizado por parte de las fuerzas de seguridad se enfrenta a un terreno lleno de desafíos éticos y legales. Mientras el gobierno apuesta por una mayor capacidad tecnológica en la lucha contra el crimen, la sociedad y los expertos siguen debatiendo sobre las implicaciones de estas nuevas herramientas en la protección de los derechos fundamentales.
