En una prolongada sesión, la Cámara de Diputados de Salta aprobó la adhesión al título VII de la ley nacional 27.742, que establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También se aprobó la adhesión al artículo 103 de la ley nacional 27.743, lo que abre la posibilidad de aumentar las regalías en boca de mina del 3% al 5% para nuevos proyectos de inversión. Ambos proyectos ahora pasan al Senado provincial, donde se espera su aprobación dada la sólida mayoría oficialista.
El debate sobre el RIGI reveló discrepancias dentro del oficialismo. Algunos legisladores argumentaron que la adhesión es esencial para proporcionar «seguridad jurídica» a los inversionistas, un concepto que contrasta con el discurso local sobre la estabilidad jurídica de la provincia. Otros votaron a favor a pesar de sus críticas al Régimen y la Ley Bases, citando la presión del gobierno provincial como motivo de su apoyo.
La diputada Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) presentó el proyecto de adhesión al RIGI, destacando su potencial para atraer inversiones. Durante una reunión en la Casa de Salta en Buenos Aires, el gobernador Gustavo Sáenz acordó con los gobernadores de Catamarca y Jujuy, Raúl Jalil y Carlos Sadir, respectivamente, tomar decisiones conjuntas para evitar ventajas competitivas desiguales. Jujuy ya se adhirió al RIGI y Catamarca está en camino de hacerlo, además de proponer un aumento de regalías al 5%.
El apoyo a la adhesión al RIGI se alineó con el objetivo de atraer inversiones, aunque algunos legisladores expresaron preocupaciones sobre la calidad institucional y el control de la hacienda pública. José Gauffin (PRO) pidió una mayor fiscalización y citó la falta de transparencia en la empresa REMsa como un ejemplo de problemas existentes.
Luis Albeza (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) reconoció tanto las ventajas como las desventajas del Régimen, señalando que la adhesión era inevitable para no perder beneficios. Patricia Hucena (JGSC) consideró que el RIGI representa una «oportunidad única» para atraer inversiones y generar un círculo virtuoso económico.
El bloque Unión Salteña-UCR, alineado con el gobierno provincial y nacional, justificó su apoyo en el fracaso de políticas anteriores y los problemas económicos persistentes.
En contraste, la diputada Isabel de Vita y el diputado Jorge Restom (Todos, vinculados al kirchnerismo) votaron en contra, argumentando que el RIGI favorece a las empresas extranjeras sin exigirles rendición de cuentas. Restom citó su experiencia personal en San Martín para ilustrar los efectos negativos de la explotación petrolera sin beneficios duraderos para la comunidad.
Finalmente, la adhesión al artículo 103, que permitiría aumentar las regalías, fue objeto de debate. Juan Esteban Romero y Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) argumentaron que la propuesta es inoportuna y genera incertidumbre, mientras que Villamayor y Hucena defendieron la necesidad de la adhesión en el contexto de la crítica situación económica y las demandas de los inversores.
La sesión reflejó una mezcla de apoyo estratégico y resistencia crítica, evidenciando las tensiones entre las prioridades de desarrollo económico y las preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en la política minera de Salta.
