En un movimiento significativo en el ámbito político de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz ha promulgado la Ley N° 8443, estableciendo nuevas restricciones para los aspirantes a cargos electivos provinciales y municipales. La ley, formalmente introducida a través del Decreto N° 492, modifica la Ley N° 8275, conocida como Ficha Limpia, para incluir los delitos relacionados con el narcotráfico entre los impedimentos para postularse.
El decreto, publicado el 14 de agosto de 2024 en el Boletín Oficial, amplia el alcance de la legislación anterior. A partir de ahora, quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero no podrán presentarse como candidatos a cargos públicos en la provincia.
La Ley N° 8443 introduce un nuevo artículo en la Ley N° 8275 que establece que los condenados por ciertos delitos no podrán ser candidatos durante el período de la condena más la mitad adicional de la misma. Los delitos ahora considerados incluyen:
- Delitos contra la Administración Pública: Cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y encubrimiento.
- Delitos contra el Orden Económico y Financiero: Incluye diversas infracciones relacionadas con la economía y las finanzas.
- Delitos contra las Personas: Aquellos contemplados en los artículos 80 incisos 4), 11) y 12) del Código Penal.
- Delitos contra la Integridad Sexual: Incluye infracciones relacionadas con la integridad sexual de las personas.
- Delitos contra el Estado Civil de las Personas: Infracciones que afectan el estado civil.
- Delitos contra la Libertad: Relacionados con la libertad personal.
- Delitos de Tráfico de Estupefacientes: Incluye todas las infracciones previstas en la Ley Nacional 23.737 sobre tráfico de estupefacientes y sus agravantes.
La ley estipula que, en caso de condenas no apeladas, el período de inhabilitación comenzará desde el dictado del fallo. Esta medida busca fortalecer la integridad de los funcionarios públicos al establecer barreras adicionales para la participación electoral de individuos condenados por delitos graves.
