La Ley Nº 7.857, que desde 2014 ha declarado la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en Salta, se acerca a su fecha de vencimiento en septiembre. En un intento por evaluar su impacto y trazar el rumbo futuro, el Senado de la provincia ha iniciado una serie de consultas y revisiones que podrían determinar si esta legislación recibirá una nueva prórroga.
Desde mayo, la Comisión Especial de la Mujer, Género y Diversidad del Senado ha estado trabajando en una revisión exhaustiva de la ley. En una reciente sesión, los senadores recibieron al equipo de la Secretaría de la Mujer, encabezado por la secretaria Itatí Carrique. La delegación presentó el Plan Provincial para la Igualdad de Género 2024-2026, diseñado para abordar la violencia y discriminación de género con una perspectiva integral.
La reunión, presidida por Sonia Magno, presidenta de la Comisión, y asistida por otros legisladores como Miguel Calabró y Manuel Pailler, entre otros, incluyó la participación de la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, y otros funcionarios clave.
Carrique destacó los logros desde la implementación de la ley, como la creación de la Justicia especializada, el Observatorio de Violencia contra la Mujer y el Polo Integral de las Mujeres. También se mencionó la Ley Nº 7888 de Protección contra la Violencia de Género y la incorporación de botones antipánico.
El Plan Provincial se articula en torno a cinco ejes fundamentales:
- Prevención y promoción de derechos.
- Abordaje y asesoramiento a víctimas.
- Fortalecimiento de autonomías.
- Intervención en formas extremas de violencia.
- Revisión normativa con perspectiva de género.
Entre sus objetivos se incluyen la identificación de causas estructurales de la violencia, la mejora en el acceso a servicios de apoyo, y la actualización de la normativa vigente para incluir una perspectiva de género.
Magno concluyó el encuentro señalando que la Comisión está evaluando la posibilidad de prorrogar la ley por otros dos años, destacando la importancia de adaptar y optimizar las políticas en función de los resultados y la información proveniente de todo el interior provincial. El futuro de la Ley Nº 7.857 dependerá de cómo estos elementos se integren en la planificación legislativa y en la respuesta a la problemática de género en Salta.
