Fiscales elevan a juicio el caso que involucra a policías y civiles en la venta ilegal de estupefacientes y el encubrimiento de delitos.
Una investigación sin precedentes en Orán ha destapado una red de corrupción dentro de la Policía de la provincia, específicamente en la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR 23). Efectivos de la fuerza, en complicidad con civiles, facilitaban el tráfico de drogas a cambio de sobornos, y alertaban a los narcotraficantes sobre próximos allanamientos. Esta operación corrupta, que permitió que varios traficantes operaran sin ser molestados, fue desmantelada tras un exhaustivo trabajo de la fiscalía.
Entre los acusados se encuentran varios policías, quienes enfrentan cargos graves como peculado, cohecho y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La red se extendía más allá de los uniformados, involucrando también a civiles con antecedentes por narcotráfico. Las investigaciones apuntan a una estructura criminal bien organizada que manipulaba las acciones policiales a su favor.
Los fiscales responsables del caso, Mariana Torres de Orán y Daniel Espilocín, han reunido pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de conversaciones y testimonios, que demuestran cómo los oficiales recibían dinero de los traficantes a cambio de proteger sus actividades ilícitas. Además, varios de los imputados fueron acusados de manipular los allanamientos, alterando el monto de dinero secuestrado y omitiendo investigaciones cruciales.
El caso ha puesto en evidencia las fallas en el sistema judicial y policial de Orán, donde incluso se hallaron estupefacientes fraccionados en la vivienda de una de las imputadas, quien ya cumplía prisión domiciliaria por delitos similares. El escándalo ha generado un rechazo generalizado en la comunidad y ha puesto en tela de juicio la integridad de la fuerza policial local.
