La diputada provincial Socorro Villamayor brindó detalles exclusivos sobre la intervención del municipio de Estación Morillo, tras la imputación del intendente Atta Gerala por contrabando agravado y robo de rieles. En una entrevista en el programa Mano a Mano, Villamayor subrayó que la medida fue clave para garantizar la continuidad administrativa y permitir el desarrollo de la investigación judicial en curso. La intervención, a su juicio, busca preservar la transparencia y proteger los recursos públicos en medio de un escándalo que ha conmocionado a la localidad salteña.
El caso que sacudió a Morillo
La intervención fue solicitada luego de que el fiscal federal imputara al intendente por su implicación en el robo y contrabando de materiales ferroviarios. Según Villamayor, las pruebas fueron contundentes, y la situación jurídica procesal del intendente generó una crisis institucional en el municipio. «Cuando quien está a cargo de administrar los fondos públicos está vinculado a hechos delictivos, la comunidad entra en un estado de incertidumbre», afirmó. Esta es la cuarta intervención que los legisladores provinciales han tenido que analizar en los últimos tiempos, un contexto que pone en evidencia la gravedad de la situación.
Crisis moral y desconfianza institucional
Para la diputada, lo ocurrido en Morillo refleja una crisis moral profunda dentro de la política. «Es una era en la que algunos sienten que todo es posible», comentó Villamayor, refiriéndose a la sensación de impunidad que persiste en ciertos sectores. En su opinión, quienes ocupan cargos públicos deben ser los primeros en dar ejemplo de integridad, ya que son los encargados de representar la confianza del pueblo. La imputación y arresto domiciliario del intendente Gerala representa un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción local.
Acción respetuosa de la voluntad popular
En cuanto a la intervención, Villamayor destacó que su bancada actuó con responsabilidad y respeto hacia la voluntad popular. Aunque el gobernador solicitó la intervención a raíz de los hechos, los legisladores esperaron que los concejos deliberantes locales tomaran la iniciativa para solicitar un juicio político antes de decidir cualquier medida. «La intervención no es un acto arbitrario, es una respuesta a una situación que afecta profundamente a la comunidad», concluyó.
