En la mañana del miércoles, el Tribunal Oral Federal I de Salta se preparaba para abrir sus puertas a un juicio de gran magnitud: ocho personas, implicadas en un secuestro extorsivo agravado, iban a enfrentarse a la justicia. La escena, sin embargo, no se desarrolló como se esperaba. A última hora, la audiencia fue pospuesta para la semana siguiente, fruto de un estancamiento en las negociaciones sobre la reparación económica para la víctima, H.I.H., quien se encontraba en el epicentro del tormentoso conflicto.
El tribunal, situado en la intersección de Deán Funes y España, se llenó de tensión mientras las partes involucradas se reunían para tratar de alcanzar un acuerdo. El abogado querellante de H.I.H. y el Ministerio Público Fiscal Federal (MPFF) se enzarzaron en un intercambio de propuestas y desacuerdos. El principal obstáculo: la cuantía de la compensación económica que se le debía a la víctima, quien había sufrido una pesadilla durante 15 horas bajo la tortura de un grupo de encapuchados que se hacían pasar por policías.
Ricardo Toranzos, fiscal federal y el rostro de la acusación, mantenía su postura firme frente a los ocho imputados: Carlos Choque Aguirre, Carlos Gustavo Lozano, Daniel Llanos, Cristian Adam Martínez, Jaime Alberto Ruiz, Emanuel Arjona, Horacio Chauqui y Micaela del Valle Riquelme. Todos ellos se enfrentan a cargos de secuestro extorsivo agravado, un delito marcado por su brutalidad y la cantidad de personas involucradas. El 3 de agosto de 2023, H.I.H., quien estaba bajo arresto domiciliario por narcotráfico, fue secuestrado en su hogar por un grupo de encapuchados que, haciéndose pasar por policías, lo sometieron a torturas mientras exigían información sobre un familiar implicado en el tráfico de drogas.
El escenario del crimen, una casa en la zona sur de Salta, se había convertido en un teatro de horror durante un asado familiar que H.I.H. estaba organizando. La policía intervino después de recibir una denuncia y corroborar las huellas de violencia sobre la víctima. Finalmente, los secuestradores fueron capturados y la pesadilla de H.I.H. llegó a su fin, pero las secuelas del delito permanecen latentes, tanto para él como para el sistema judicial que ahora debe decidir su destino.
