La nueva normativa exige que todo personal educativo, tanto docente como no docente, demuestre carecer de antecedentes penales por delitos sexuales. De no cumplir con esta medida, los infractores enfrentarán sanciones que van desde multas hasta la pérdida de subvenciones.
La provincia de Salta dio un paso decisivo en la protección de los estudiantes con la promulgación de la Ley 8471, que obliga a todos los trabajadores de las escuelas a presentar un certificado de antecedentes penales libres de delitos sexuales. La medida se aplica a docentes y personal no docente, tanto a nuevos aspirantes como a aquellos que deseen reingresar al sistema educativo.
Para cumplir con la ley, los interesados deberán presentar un Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía de Salta y un informe del Registro Nacional de Reincidencia. Estos documentos deben ser actualizados cada dos años y se incorporarán al legajo del trabajador, con sanciones en caso de no presentar o actualizar la documentación.
El incumplimiento de la ley tendrá consecuencias importantes. Los establecimientos educativos públicos enfrentarán investigaciones sumarias, mientras que los privados podrían enfrentar desde apercibimientos hasta la pérdida de matrícula, con un 30% de la subvención estatal en riesgo en casos graves.
