Un reciente informe de RUIDO 2023 ha revelado un alarmante panorama en la gestión pública de Salta, donde al menos diez intendentes se encuentran procesados o condenados por delitos de corrupción. Las acusaciones incluyen desde fraude y peculado hasta malversación de fondos públicos, poniendo en evidencia una crisis de integridad en el ámbito municipal.
Casos destacados
Jalit: La jactancia del fraude
Julio Jalit, ex intendente de Pichanal, está imputado por una serie de delitos graves, incluyendo fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito. Su gestión, que se extendió durante 16 años, estuvo marcada por su desprecio por la ética, al llegar a presumir de su capacidad para robar.
Cornejo: Una condena rotunda
Manuel Cornejo, ex jefe comunal de Campo Quijano, fue hallado culpable de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras ser expulsado del Partido Renovador de Salta por «graves y reiteradas faltas éticas», recibió una condena de seis años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Prado: El escándalo del gasoducto
Enrique Prado, quien se desempeñó como intendente de Aguaray por menos de un año, fue condenado a seis años y seis meses de prisión por el robo de caños de un gasoducto, un acto que causó un perjuicio estimado de más de 5 millones de dólares al Estado.
Más condenas y acusaciones
Canchi y «Kila»: Malversación en diferentes formas
Angelina Canchi, exintendenta de Isla de Cañas, fue condenada a cuatro años de prisión por malversación de fondos, tras vaciar una cuenta municipal mediante la emisión de 42 cheques antes de finalizar su mandato. Por otro lado, Ernesto «Kila» Gonza, ex intendente de San Lorenzo, recibió una pena de tres años de prisión condicional por fraude y peculado en grado de tentativa.
Díaz y Ríos: Un caso familiar
Eduardo Díaz, exintendente de Angastaco, y su esposa, Alicia Elvira Ríos, fueron condenados por peculado y falsificación de instrumento público. Este caso destaca no solo la corrupción individual, sino también el posible involucramiento de familiares en actividades delictivas.
Un futuro incierto
La situación se complica aún más con acusaciones contra otros ex intendentes, como Alfredo Soto, denunciado por un faltante de $7 millones sin justificar, y Carlos Folloni, actual intendente de Campo Quijano, denunciado por malversación de fondos públicos.
La lista continúa con Rita Carreras, ex intendenta de Coronel Moldes, que enfrenta múltiples imputaciones, y Rubén Méndez, intendente de Salvador Mazza, acusado de enriquecimiento ilícito.
El informe pone de relieve no solo la cantidad de casos, sino también la falta de responsabilidad en la gestión pública en Salta, dejando un interrogante sobre el futuro de la política en la provincia. La corrupción sigue siendo un tema candente, y la confianza de la ciudadanía en sus representantes se encuentra gravemente afectada.
