Ayer, la Policía Federal reprimió a jubilados y movimientos sociales que se manifestaban contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria. La movilización comenzó en el Congreso y se dirigió hacia la Plaza de Mayo en respuesta al anuncio de rechazo de la ley de movilidad jubilatoria, recientemente aprobada por el Senado.
El despliegue policial rodeó la Plaza del Congreso y buscó dispersar a los manifestantes, que ocupaban parte de la calzada. La situación se tensó cuando se implementó el protocolo antipiquetes, con el uso de gases lacrimógenos para evitar que la protesta se extendiera hacia la avenida Rivadavia y afectara el tránsito. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad incluyeron empujones y el uso de gas pimienta.
La protesta fue convocada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), con el respaldo de grupos de izquierda como el Polo Obrero. Los asistentes exigieron la implementación inmediata de la Ley de Movilidad y criticaron al presidente Javier Milei por desviar fondos jubilatorios hacia el FMI y para la fuga de capitales.
Un jubilado presente en la protesta expresó su frustración: “Esto es una vergüenza. Trabajamos toda nuestra vida, y ahora el Presidente dice que el país se hundirá por darnos un miserable aumento de $20.000. ¿Cómo podemos vivir con $10.000 al día cuando necesitamos comer y comprar medicamentos?”.
El comunicado de las organizaciones sociales incluyó demandas de recomposición de lo perdido durante los gobiernos anteriores y pidió la implementación de una movilidad automática ajustada a salarios e inflación, además de medicamentos y transporte gratuito, así como la restitución de la tarjeta alimentaria.
El comunicado concluyó con una crítica severa a Milei: “Para los jubilados y pensionados que hoy cobran $225.000, la Ley de Movilidad debe entrar en vigencia de inmediato. Milei está utilizando fondos jubilatorios para pagar al FMI y financiar la fuga de capitales, en lugar de asegurar el bienestar de los jubilados. Robarles es un crimen social”.
La jornada de ayer subraya el creciente conflicto entre el gobierno y sectores sociales que sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Mientras el Gobierno persiste en sus políticas de ajuste, las voces de los jubilados y sus aliados continúan exigiendo justicia y una revisión profunda de las decisiones económicas. La represión de la protesta solo intensifica el descontento y resalta una sociedad profundamente dividida en sus prioridades económicas y sociales.
