La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que amplía significativamente el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG). La media sanción otorga nuevas atribuciones a esta base de datos creada en 2013, permitiendo su uso en una gama más amplia de investigaciones criminales. El proyecto busca que el registro, originalmente enfocado en delitos sexuales, ahora colabore en la identificación genética en casos de cualquier tipo de delito.
Con 146 votos a favor, 87 en contra y 7 abstenciones, la propuesta pasó al Senado para su sanción definitiva. La reforma, respaldada por la organización “Madres del Dolor”, tiene el potencial de transformar la investigación criminal al permitir comparar huellas genéticas obtenidas en escenas del crimen con perfiles de imputados y condenados. Además, permitirá a los familiares de personas desaparecidas aportar muestras voluntarias para ayudar en la identificación de cuerpos no identificados.
En el debate, la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, calificó la iniciativa como una de las reformas más significativas en la investigación criminalística desde 1912. La diputada Lilia Lemoine, del bloque La Libertad Avanza, compartió su experiencia personal como víctima de violación, destacando la importancia de la nueva legislación para las víctimas de delitos sexuales.
El proyecto enfrenta críticas, principalmente del bloque de Unión por la Patria (UxP), que cuestiona el traspaso del registro al Ministerio de Seguridad y la toma compulsiva de muestras de ADN. Estos puntos generaron modificaciones durante la votación, manteniendo el registro bajo el Ministerio de Justicia y ajustando la legislación para abordar las preocupaciones planteadas.
Por otro lado, el Frente de Izquierda (FIT-U) se opone firmemente, argumentando que la ley podría vulnerar derechos de privacidad y dignidad, transformando al Estado en un potencial invasor de la intimidad. Según la diputada Vanina Biasi, la ley parece ser una herramienta de vigilancia más que una solución para la justicia.
El camino hacia la implementación de esta reforma revela un debate profundo sobre la seguridad, la privacidad y el balance entre justicia y derechos individuales en el contexto de un sistema judicial en evolución.
