La medida, que pone fin a un largo proceso sumarial, costó al Estado más de $250 millones en salarios no rendidos.
El Gobierno de Salta oficializó la cesantía de 117 docentes que faltaron sin justificación legal durante más de 130 días en 2023, tras un paro no autorizado. La resolución, que cierra un proceso sumarial iniciado en enero del año pasado, fue anunciada por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, a través de un comunicado en redes sociales. El decreto que formaliza la medida es el N° 20.
Las ausencias, que no fueron relacionadas con paros sindicales ni medidas de fuerza legales, generaron un perjuicio económico de más de $250 millones, al mantenerse los salarios de los docentes mientras no prestaban servicios. Durante el proceso, los involucrados no pudieron presentar causas válidas para justificar su inasistencia, por lo que se procedió a su despido definitivo.
La medida responde a una evaluación rigurosa de la situación, que había sido denunciada públicamente desde mediados de 2023. Desde el Ministerio de Educación se destacó que, además de los salarios abonados, la falta de los docentes obligó a contratar suplentes, generando un costo adicional para la provincia.
