Estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) tomaron el Rectorado en un acto de protesta tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida se enmarca en un “gesto de hermanamiento” con otras universidades del país que defienden la educación pública.
La decisión de la toma siguió a una asamblea realizada en la Facultad de Humanidades, donde se discutió la situación crítica de la educación superior. A raíz de la convalidación del veto por parte de la Cámara de Diputados, los manifestantes expresaron su descontento y urgieron a unificar esfuerzos con otras luchas sociales, como las de los trabajadores de la salud y organizaciones que defienden los comedores comunitarios.
Postura de los Legisladores
En el contexto de la votación, tres diputados nacionales por Salta se manifestaron en contra del veto: Emiliano Estrada (Unión por la Patria), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Pablo Outes (IF). Por el contrario, los representantes del bloque La Libertad Avanza, egresados de la UNSa, apoyaron el veto. Yolanda Vega, también de IF, se ausentó por motivos de salud.
Críticas al Gobierno Nacional
Los participantes de la protesta denunciaron el impacto negativo de las políticas del gobierno nacional en la educación. Mencionaron recortes en becas Progresar, financiamiento para ciencia y técnica, y la postergación de becas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Aseguraron que la comunidad universitaria enfrenta un ataque sistemático que pone en riesgo su funcionamiento.
“Quienes hemos decidido participar y organizar la toma somos estudiantes, docentes y no docentes autoconvocados”, afirmaron, destacando que no cuentan con el respaldo de los centros de estudiantes ni de las autoridades universitarias. “El presupuesto solo se obtendrá mediante la movilización”, señalaron.
Declaración del Consejo Interuniversitario Nacional
En sus redes oficiales, la UNSa compartió un comunicado del CIN que condenó la postura de aquellos legisladores que apoyaron el desfinanciamiento universitario. El CIN ratificó que el reclamo es legítimo, como se evidenció en las recientes marchas federales.
El comunicado subrayó que el 70% de los salarios docentes y no docentes está por debajo de la línea de pobreza, y que las partidas asignadas son insuficientes para el mantenimiento de la infraestructura universitaria. También advirtieron sobre el riesgo para las becas y la falta de inversión en investigación y tecnología, elementos cruciales para el desarrollo del país.
Finalmente, los rectores del CIN afirmaron que la universidad es parte esencial de la historia y la identidad nacional, y expresaron su firme oposición a cualquier intento de desmantelarla.
