En medio de la agitación política que sacude Salta, los referentes de Derechos Humanos alzaron una voz de rechazo unánime. La indignación estalló tras la revelación de una polémica visita: diputados de La Libertad Avanza se encontraron con represores condenados por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Este encuentro provocó un repudio generalizado que no solo cuestiona la ética política, sino que también enciende alarmas sobre el resurgimiento de viejas heridas de la historia argentina.
Los implicados en esta visita, objeto de críticas tanto por parte de otros diputados de LLA como de los bloques opositores, incluyeron a Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. Además, se sumó el repudio hacia la diputada salteña Emilia Orozco luego de conocerse su participación en esta visita controvertida, siendo señalada como cómplice de acciones que ofenden la memoria histórica y los principios democráticos argentinos.
Blanca Nenina Lescano, destacada en la Mesa de DDHH de Salta, lamentó el silencio cómplice de la clase política local frente a estos eventos. «Es imperativo que se investigue y se sancione adecuadamente este tipo de acciones», insistió, recordando la importancia de mantener viva la memoria histórica como fundamento de la democracia.
El contexto de violencia política ha llegado a tal punto que figuras como Elia Fernández, otra militante de DDHH, exigen públicamente una disculpa de los legisladores implicados. «Su visita a los represores condenados representa un agravio a todos los argentinos y a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado«, enfatizó Fernández, subrayando la gravedad del gesto en un país que aún lidia con las secuelas de su pasado más oscuro.
La lista de represores condenados por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza la forman:
- Alfredo Astiz, conocido como el «Ángel de la muerte» por su participación en el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas y tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce de Bianco.
- Ricardo Cavallo, condenado por crímenes cometidos en la ESMA.
- Miguel Britos, condenado por homicidio y privación ilegítima de la libertad.
- Honorio Martínez Ruiz, condenado por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de Automotores Orletti.
- Raúl Guglielminetti, implicado en delitos de lesa humanidad en centros clandestinos de detención.
- Carlos Martínez, condenado por crímenes en el circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo.
- Marcelo Cinto Courtaux, también involucrado en los centros clandestinos de detención.
- Julio César Argüello, condenado por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor.
- Mario Marcote, miembro del Servicio de Informaciones de la última dictadura.
- Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), implicado en crímenes del Plan Cóndor.
- Gerardo Arraez, juzgado por crímenes cometidos en la ESMA.
- Adolfo Donda, también juzgado por crímenes en la ESMA.
Fernando Pequeño Ragone, nieto de un gobernador desaparecido de Salta, contextualizó el momento actual como «un caldo de cultivo para la violencia política reminiscente de décadas pasadas». Criticó duramente las políticas regresivas y el crecimiento de las derechas extremas, señalando el peligro de una sociedad dividida y una clase dirigente incapaz de articular una oposición efectiva.
Las repercusiones no tardaron en llegar al ámbito legislativo, donde tanto el oficialismo como la oposición demandaron acciones concretas. Propuestas de comisiones especiales y la exclusión de los diputados involucrados marcaron un intento por restaurar la integridad institucional frente a lo que muchos consideran una afrenta a los principios democráticos.
En un país donde la memoria colectiva es tan palpable como la lucha presente por los derechos humanos, cada paso en falso hacia la reconciliación nacional se siente como una herida abierta. La visita a los represores por parte de legisladores revive debates dolorosos y cuestiona el compromiso real con la justicia y la democracia en Argentina.
