En un giro asombroso y perturbador de los eventos, la justicia en Metán ha tomado una decisión que deja a la comunidad en shock. Un caballo, víctima de un brutal maltrato, ha sido devuelto a su presunto agresor, mientras que la mujer que lo rescató enfrenta una sanción por su valiente acto de compasión.
El caso comenzó cuando una defensora de los derechos animales en Metán recibió una denuncia alarmante: un joven había salvado a un caballo en estado crítico, mostrando signos evidentes de abuso. El animal, en condiciones que sugerían una agonía inminente, fue inmediatamente asistido por la rescatista que se enfrentó al riesgo con tal de brindarle una oportunidad de vida.
Sin embargo, la trama se complicó cuando el supuesto propietario del caballo denunció el «robo» del animal. El juez de Garantías N°1 de Metán, Mario Teseyra sin dudar, exigió al Juzgado que restituyera al caballo a su dueño, ignorando el contexto de maltrato y el grave estado de salud del equino.
Lo más insólito llegó cuando, en una vuelta absurda de los acontecimientos, el sistema judicial no solo devolvió al caballo al que lo había maltratado, sino que también convocó a la rescatista a una mediación penal. El argumento: compensar el «daño» causado al “legítimo propietario”, transformando al maltratador en la «víctima» de un delito.
Carmen Céspedes Cartagena, abogada animalista de la fundación Ajuya Jalala, ha alzado su voz con indignación frente a esta aberración. “¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar para que los fiscales vean con objetividad los casos de maltrato animal?”, cuestionó Céspedes Cartagena. “La falta de competencia y responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos es alarmante”.
Mientras tanto, la denuncia presentada en Metán está a la espera de una respuesta adecuada de la fiscalía. El caballo, ahora de regreso con su agresor, enfrenta un futuro incierto, sin ninguna garantía de recibir la atención veterinaria necesaria o de ser protegido de futuros abusos.
Este caso destaca las profundas deficiencias del sistema judicial en la protección de los animales y subraya la necesidad urgente de revisar y reformar los procedimientos y criterios aplicados en estos casos. En respuesta a la situación, la Fundación «Ajuya Jalala» ha presentado una nueva denuncia judicial y hace un llamado a la sociedad para que se movilice y exija responsabilidad de los funcionarios judiciales.
“Las leyes están diseñadas para proteger a seres sintientes, que experimentan dolor y sufrimiento igual que nosotros”, concluyó Céspedes Cartagena, apelando a la empatía y humanidad de quienes tienen el poder de decidir el destino de estos seres vulnerables.
