En un giro impactante, la diputada Celeste Ponce, conocida por sus posturas antifeministas y su apoyo a la venta de armas, se encuentra en el centro de un escándalo por presunta extorsión a sus propios asesores. La acusación señala que la legisladora habría exigido mensualmente la suma de 500 mil pesos a cambio de mantener en vigencia los contratos laborales de sus colaboradores.
La denuncia surgió tras revelaciones de una de las asesoras de Ponce, identificada como G, quien afirmó que de su salario mensual de 700 mil pesos, la diputada le retenía 500 mil, dejándole apenas 200 mil pesos. Este modus operandi, según la denunciante, se extendió desde el inicio del mandato de Ponce en diciembre pasado, cuando la diputada seleccionó a su equipo de trabajo tras ser electa en las listas de la Libertad Avanza.
Según los documentos presentados como evidencia, se mostraron capturas de pantalla de numerosas transferencias bancarias realizadas desde la cuenta de G hacia la diputada Ponce, respaldando así las acusaciones de extorsión.
El escándalo ha sacudido los cimientos del Congreso de la Nación, generando repudio entre colegas políticos y la sociedad en general. Hasta el momento, la diputada no ha emitido declaración alguna respecto a las acusaciones en su contra. La Justicia ya ha comenzado a investigar el caso para determinar la veracidad de las denuncias y tomar medidas correspondientes.
Este caso no solo pone en entredicho la integridad ética de la diputada Ponce, sino que también plantea serias interrogantes sobre la transparencia y el manejo de recursos dentro de los ámbitos legislativos.
