El fiscal federal Carlos Amad ha llevado a cabo una investigación exhaustiva que ha revelado una red de corrupción significativa en Taco Pozo, Chaco. Este escándalo involucra la emisión fraudulenta de 740 pensiones no contributivas utilizando certificados de discapacidad falsos. Entre los implicados se encuentra Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del Hospital Oscar Costas de Joaquín V. González, quien desde su consultorio particular extendió múltiples certificaciones médicas como especialista en traumatología, parte fundamental de la trama.
El manejo indebido alcanzó una cifra alarmante de $89 millones por mes, utilizados con propósitos políticos según declaraciones del fiscal Amad. Este caso no solo ha destacado por la magnitud del fraude y la cantidad de personas involucradas, sino también por su impacto en una localidad con apenas 10,222 habitantes, según el último censo del INDEC.
Además, la investigación ha arrojado luz sobre prácticas similares en otras localidades de Chaco y en jurisdicciones vecinas como Santiago del Estero y Salta. Se han identificado 23,206 pensiones por invalidez laboral que también se sospecha fueron otorgadas de manera fraudulenta, lo cual ha ampliado el alcance de la investigación hacia otras áreas del norte argentino.
Este caso no solo representa un golpe a la confianza pública en la gestión de beneficios sociales, sino que también señala la necesidad urgente de fortalecer los controles y la transparencia en la administración de recursos públicos destinados a proteger a los más vulnerables de la sociedad.
