En el marco de las denuncias por violencia de género efectuadas por Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del PRO ha presentado un proyecto de ley que busca remover la pensión de privilegio y la custodia de Alberto Fernández, actual expresidente.
La iniciativa, liderada por Silvana Giudici y respaldada por 12 legisladores del bloque amarillo, propone una modificación a la Ley 24.018. Esta ley actualmente regula las pensiones vitalicias de privilegio para ex presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema. El nuevo proyecto plantea que, en caso de condena firme en segunda instancia por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas, los beneficiarios perderían su pensión vitalicia y la custodia asignada. Los delitos incluidos en la propuesta abarcan desde corrupción hasta violencia de género.
El proyecto, que ya ha sido presentado formalmente en el Congreso, será revisado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión Social y Legislación Penal. Entre los firmantes se encuentran los diputados Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Emmanuel Bianchetti, Florencia De Sensi y Patricia Vasquez. El grupo está en busca de más apoyo tanto dentro del PRO como en otras bancadas, incluyendo a La Libertad Avanza.
En paralelo, el diputado Damián Arabia ha presentado un proyecto similar, aunque con diferencias significativas. Arabia propone la eliminación de pensiones vitalicias y la suspensión provisional en caso de procesamiento penal, sin eliminar la custodia. Ambos proyectos están en proceso de unificación para abordar el tema desde una posición consolidada.
El presidente Javier Milei ha expresado su apoyo a la iniciativa del PRO, señalando: “Me encanta la idea. Desde mi visión, las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma”. Su apoyo refleja una postura crítica hacia los privilegios para políticos, alineándose con el impulso de estas reformas.
La discusión sobre este tema promete intensificarse en las próximas semanas, mientras se espera una respuesta más amplia del Congreso y de la sociedad.
