El Gobierno publicó dos decretos que buscan garantizar la neutralidad política en el país. En el primero, se prohíbe la exhibición de imágenes o símbolos relacionados con propaganda política en edificios del Estado, oficinas y monumentos públicos. La medida tiene como objetivo evitar personalismos y garantizar que las denominaciones de bienes del Estado no se vean influenciadas por los vaivenes políticos. Además, se estableció que un edificio solo podrá llevar el nombre de una personalidad política diez años después de su fallecimiento o de un hecho histórico.
En un segundo decreto, el Gobierno modificó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, prohibiendo la imposición de ideologías políticas en el ámbito educativo. Esta medida busca proteger la integridad y dignidad de los menores, asegurando su derecho a la libertad de pensamiento y a una educación libre de influencias partidarias. Asimismo, se establece que cualquier acto que imponga una ideología política en las instituciones educativas vulnera derechos fundamentales de los niños y adolescentes.
Los funcionarios públicos también tienen prohibido utilizar recursos del Estado para promover su imagen personal, ideología o partido político. Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, el Gobierno habilitó una plataforma para que los ciudadanos puedan reportar violaciones a estas normativas.
