Según los testimonios de la familia y los vecinos, Morales, de 41 años, tenía antecedentes de violencia de género contra Ayelén. De hecho, la noche previa al crimen, la joven había solicitado la intervención de la policía tras un altercado violento con su pareja.
Ahora, desde el Instituto Jurídico de Género, apuntaron al incumplimiento de la ley 7.888, indicando que no se abordó el caso desde la “perspectiva de género”. En la jurisprudencia se indica que, al momento en que los policías toman contacto con una víctima y una situación de violencia, se debe dar intervención al Juzgado de Violencia de Género para que tome medidas, como ser una consigna o restricción de acercamiento.
Hasta el momento se desconoce si la policía accionó pidiendo las medidas y el juzgado no las otorgó, o si simplemente no existió el pedido. Las investigaciones siguen en curso y los organismos pertinentes piden a las autoridades ser competentes.
